Soy Roberto Pombo.

Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40 mil empresas en Colombia.¿ Es el Acuerdo de Paz de La Habana el responsable de varios problemas de Colombia?

Se cumplen nueve años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, que acabó un conflicto de más de 50 años.

Sin embargo, el acuerdo ha sido blanco de críticas por parte de varios sectores políticos.¿ Fue un error haber convocado un plebiscito en un contexto tan polarizado para refrendar el acuerdo de paz?

Para este capítulo hablamos con el ex jefe negociador del acuerdo de paz de La Habana, Humberto de la Calle, Con Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz.

Con el consultor político Miguel Silva.

Con Dori Suárez, firmante del acuerdo.

Con el exdirector de la Policía y exvicepresidente general Oscar Naranjo.

Y con el expresidente Juan Manuel Santos.

Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 160 de Mis Preguntas.

Bienvenidos.

A finales del siglo XVIII, la viruela era el enemigo número uno de Europa.

El continente libraba una guerra permanente contra un enemigo invisible que cobraba más vidas que cualquier ejército.

Pero en 1798, Edward Jenner, un médico inglés, se dio cuenta de algo.

Las mujeres que ordeñaban vacas en el campo se contagiaban de viruela animal.

una diferente a la que había matado a cientos de miles.

Estas mujeres adquirían una especie de inmunidad a la viruela humana.

Entonces Jenner propuso algo poco ortodoxo, inyectar con pus de vacas infectadas a las personas para protegerlas de la viruela mortal.

La propuesta recibió una oleada de críticas.

Los médicos lo atacaron y aseguraron que se trataba de una barbaridad medieval que estaba experimentando con humanos.

Dijeron que su trabajo era indigno.

La iglesia dijo que se trataba de una herejía y aseguraban que la viruela era un castigo enviado por Dios por los pecados, o sea que Jenner desafiaba la voluntad divina.

y los sermones de cada domingo condenaban la vacunación.

Los caricaturistas de la época no tuvieron compasión y dibujaron personas a las que les crecían cuernos y ubres después de vacunarse.

La clase política lo trató de charlatán y aseguraron que quería hacerse famoso usando trucos de feria.

Mientras el debate sobre si era moral o no vacunarse avanzaba, la cantidad de muertos por la veruela aumentaba a un ritmo acelerado.

Por suerte, a pesar de la oposición que recibió la idea, un grupo de médicos preocupados por la enfermedad empezaron a aplicar la vacuna, aunque de manera discreta por miedo a represalias.

Los resultados fueron elocuentes.

Las personas y comunidades que se vacunaron dejaron de sufrir los brotes de viruela.

Gobiernos de Europa, que al principio se mostraron hostiles y contrarios a la vacuna, comenzaron a ver las ventajas económicas de la vacunación y en menos de 50 años la mayoría de Europa ya tenía programas de vacunación.

Para 1900, la viruela dejó de ser un riesgo para la humanidad y prácticamente desapareció de esa parte del mundo.

Les cuento esta historia porque con cierta frecuencia las buenas ideas reciben duras críticas que se centran no en lo esencial ni en la solución del problema, sino en aspectos morales o poco claves.

Algo similar pasó hace unos años cuando se comenzó el proceso de paz con la guerrilla de las FARC.

Hubo una campaña de desprestigio contra el acuerdo cuando apenas se estaba gestando.

Pero quizás el aspecto más insidioso son los ataques que hoy, casi 10 años después de que se haya firmado, sigue recibiendo el acuerdo.

Más allá de las críticas,¿ qué transformaciones concretas ha producido el acuerdo de paz en el país?

Escuchemos lo que me contó el ex jefe negociador del acuerdo, Humberto de la Calle.

Lo primero que hay que recordar es que el acuerdo del Teatro Colón no es solo un acuerdo de carácter militar.

Ahí hay realmente una hoja de ruta para Colombia porque se tocan temas sensibles y trascendentales.

Pero aún así, lo militar es extraordinariamente importante.

Nunca debemos olvidar que desapareció la guerrilla.

más antigua y más poderosa que 13.000 combatientes entregaron sus armas y que esas armas fueron destruidas.

Además, hay que reconocer algunos avances, por ejemplo, en materia de reforma rural, en lo que tiene que ver con los llamados planes de desarrollo con enfoque territorial, que implican, dijéramos, revitalizar las comunidades de los municipios más golpeados por la violencia.

Recordar también el plan de sustitución de cultivos, desafortunadamente prácticamente ya ha desaparecido porque Aún con estos logros sí tenemos que ser conscientes de que el problema de la implementación ha sido grave.

Según el Instituto CROC, que es el organismo encargado de verificar esto, se han cumplido solo el 34% de las metas fijadas en el acuerdo.

O sea que siguen pendientes un 19% que tienen un avance intermedio.

Un 38%, un avance mínimo y un 9% que ni siquiera se ha iniciado su implementación.

Todo esto para recordar que ahora el mensaje tiene que ser para los colombianos no olvidar el acuerdo, revivir el acuerdo y saber que en materia de justicia...

Cuando las sentencias recientes de la JEP tienen ciertas debilidades, de todos modos, el hecho impactante es que una guerrilla voluntariamente se sometió a un tratamiento judicial y hay una condena por delitos de lesa humanidad que implican sanciones que los señores de las FARC han asumido.

El mensaje aquí es muy poderoso.

Estamos a poco más de un mes de que se cumplan nueve años de la firma del acuerdo de paz con las FARC.

Buena parte del país lo celebró.

Había un aire de esperanza en medio de tanta violencia que dejaron décadas de guerra.

Hoy, al firmar el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, decimos esperanzados.

Ha sido un surco de dolores, de víctimas, de muertes, pero hemos logrado levantarnos sobre él para decir, el bien germina ya, la paz germina ya.

El camino no fue fácil.

Cualquiera pensaría que llegar a un acuerdo de dejación de armas y el cese de hostilidades con la guerrilla más antigua y en ese entonces más grande del país sería una buena noticia para todos los colombianos, pero no fue así.

Pero para llegar a ese acuerdo llevó mucho trabajo y ciertas condiciones.

La primera es que el proceso de paz con las FARC, como cualquier proceso de paz, es el reconocimiento del Estado colombiano de su incapacidad para derrotar a ese grupo armado y en el caso específico de esa guerrilla, el reconocimiento tácito o expreso de que tuvieron un origen político insurreccional.

Llegar a un punto en que la guerrilla se sentara a negociar también requirió de un trabajo de defensa importante por parte del Estado.

El proceso de paz fue posible porque el gobierno del entonces presidente Uribe, con la seguridad democrática, los obligó a negociar, gracias en buena medida al Plan Colombia diseñado y ejecutado por Andrés Pastrana.

En su presidencia, Santos prosiguió con el asedio militar y diseñó un acuerdo de la mano de asesores internacionales y el visto bueno del gobierno de Estados Unidos.

Las bases del acuerdo, en términos muy simples, son el fin de las hostilidades, la aceptación de los delitos cometidos por parte de las FARC, el no pago de cárcel privativa de la libertad de los jefes, participación automática de ellos en política, creación de un tribunal de justicia transicional y planes de desarrollo para las zonas deprimidas de Colombia.

El proceso tuvo las dificultades que tendría cualquiera, desacuerdos, seguir en medio de la guerra mientras se negociaba, las batallas jurídicas y el marco legal para que lo acordado pudiera ser vinculante.

Pero además, el proceso debió sortear otros obstáculos, como la baja popularidad de las FARC o la burla de alguno de los cabecillas a las víctimas.¿ Están

preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable?

Quizás, quizás, quizás...

pero especialmente una campaña en contra de la oposición, que fue dura y apeló incluso a mentiras, como por ejemplo cuando señalaron que el acuerdo promovía la ideología de género, que el acuerdo traería expropiaciones masivas para darles territorios a los combatientes, que se legalizaría el narcotráfico o que el país se entregaría a las FARC.

También se dijo que los pensionados tendrían que dar parte de su mesada e incluso senadores aseguraron que la guerrilla nunca se había comprometido a dejar las armas y que no lo iban a hacer.

Cuando llegó el momento de refrender lo acordado, la campaña por el no fue clara, causar indignación.

A la larga, la estrategia funcionó y el no ganó el plebiscito por la paz.¿ Por qué casi 10 años después un sector de la política culpa de la situación actual al acuerdo de paz?

Escuchemos lo que me contó Sergio Jaramillo, excomisionado de paz y delegado plenipotenciario.

Me preguntan por qué un sector de la política le echa la culpa de todo el desastre que estamos viviendo al acuerdo de paz.

Y yo les digo que es precisamente por esa razón, porque están haciendo política.

Es muy parecido, curiosamente, a lo que sucede hoy en Israel, donde la extrema derecha justifica la catástrofe de Gaza culpando a los acuerdos de Oslo, cuando es exactamente al revés.

Si Israel no se hubiera salido de los acuerdos de Oslo en los años 90, nada de esto estaría ocurriendo.

Lo mismo nos pasa a nosotros.

El acuerdo de paz es sobre todo, y yo creo que eso es lo que no se ha entendido y no supimos hacer entender bien, y eso es culpa nuestra.

El acuerdo es sobre todo un programa de construcción de Estado y de integración territorial para resolver ese problema hist��rico que tiene Colombia que no hemos podido encontrarle solución porque la política no deja de integrar al país.

de integrar el centro y la periferia en lugar de dejar regiones enteras a la buena de Dios en la vieja época de los políticos manzanillos pero más recientemente de todo tipo de actores armados de bandas criminales me decía un obispo recientemente en Bogotá que el gobierno trataba esas regiones como zonas de tolerancia eso no puede seguir así y la única respuesta es hacer lo que dice el acuerdo arremangarse proveer bienes públicos resolver el problema de la coca que es lo que dice el punto 4 y sobre todo trabajar de la mano de las comunidades en un modelo que hemos llamado de paz territorial ahí está la hoja de ruta ahí está el mapa para recuperar la paz y la seguridad en las regiones de Colombia

Con la victoria en las urnas, el gobierno se reunió con la oposición para escuchar sus comentarios sobre el acuerdo.

Los voceros del NO lograron incluir 60 modificaciones en el acuerdo final, como precisiones sobre los derechos de la propiedad privada o la entrega de todos los bienes para indemnizar a las víctimas, entre otros.

La delegación de las Farc aceptó estas modificaciones al acuerdo.

En diciembre de 2016, la Corte Constitucional avaló el Fast Track, un mecanismo especial que permitió que las leyes y reformas necesarias para cumplir el acuerdo se discutieran y votaran en el Congreso en la mitad del tiempo normal.

Con esta herramienta, y luego de acalorados debates, el Congreso aprobó el acuerdo, eso sí, con una oposición bastante molesta que argumentó que el propio Fast Track dejó muy poco tiempo para debatir o revisar los cambios.

Y a pesar de la oposición y las críticas, el acuerdo se refrendó y comenzó a ser aplicado en la última etapa del gobierno del presidente Santos.

Según datos de la Comisión de la Verdad, más de 13.000 combatientes de las FARC entregaron sus armas, de los que el 94,9% están activos y cumpliendo su proceso de reincorporación.

Las FARC entregaron 8.894 armas en un tiempo récord de seis meses.

En 2017 se tuvo la tasa más baja de homicidios en más de 30 años, 24,8 por cada 100.000 habitantes.

Entre 2012 y 2019 se redujeron los secuestros en un 70%.

Entre 2013 y 2017 se redujeron los ataques contra la infraestructura en un 81,2%.

Entre enero y agosto de 2011 y 2021 se redujeron los asesinatos contra la fuerza pública en un 74,6% y un elemento casi simbólico pero muy contundente, el hospital militar donde siempre estaban los soldados heridos, mutilados, estaba vacío.

Pero a pesar de todas estas buenas noticias y de que el acuerdo de paz llegara a ser refrendado por el Congreso, el acuerdo tuvo un problema serio y fue precisamente la derrota del plebiscito que debería aprobarlo en primera instancia.

Después de la derrota fueron renegociados varios puntos a instancias de la oposición uribista, pero a pesar de esto, ese ha sido uno de los principales puntos de polarización en Colombia.

En un panel organizado por el Centro de Religión, Reconciliación y Paz de la Universidad de Winchester, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y la organización Rodemos y el Diálogo, se llegó a conclusiones muy interesantes.

La primera es que la victoria del no sirvió de excusa para no seguir avanzando en los cambios que prometía el acuerdo.

Esto le restó legitimidad al proceso de paz, creó desconfianza en la ciudadanía y ofreció justificaciones para continuar el conflicto.

Además, el resultado creó un clima negativo que perjudicó la posibilidad de poner fin al conflicto armado.

Viéndolo en perspectiva,¿ qué tanto efecto tuvo el resultado del plebiscito por la paz en la polarización actual?

Escuchemos lo que me contó el asesor de comunicaciones Miguel Silva Pinzón.

El resultado del plebiscito en su momento refleja una enorme polarización de la sociedad colombiana.

La sociedad colombiana no se polarizó sobre un proceso de paz, se polarizó sobre unas condiciones del proceso de paz.

Y sin embargo el proceso de paz salió adelante, el proceso de paz se firmó, el proceso de paz se renegoció y digamos que para efectos históricos, y yo creo que así va a ser la lectura, El desmonte de las FARC como guerrilla, como ejército popular, como ejército del pueblo que se llamaba, será una cosa muy importante históricamente.

Es cierto que después la llegada de las disidencias, es cierto que después lo que pasó durante el gobierno de Iván Duque, en el sentido de no cumplir con lo que el proceso de paz había acordado y después lo que ha sucedido en el gobierno del presidente Petro, con un desorden serio e importante llamado la paz total, ha traído un gran desagrado de la gente con el tema.

Ese desagrado es entendible, ese desagrado es comprensible.

La demora de la JEP en tomar decisiones sobre los guerrilleros ha hecho un inmenso daño sobre el proceso de paz, pero yo creo aún hoy que históricamente ese proceso que dirigieron Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, va a ser un proceso reconocido como una cosa importante hacia la construcción de una mejor sociedad.

Muchos políticos de todos los sectores del espectro han encontrado en el acuerdo de paz con las Farc un chivo expiatorio para los males actuales.

Un ejemplo es la actual ola de violencia que atraviesa el país, atentados terroristas en el Cauca y Valle del Cauca, desplazamientos masivos por combates en el Catatumbo, un candidato presidencial asesinado y un largo etcétera de actos violentos que hemos vivido en lo corrido de este año.

Y en este marco, casi una década después de la firma del acuerdo, se dieron las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la participación de siete líderes del último secretariado de las FARC, a quienes acusó como responsables de más de 20.000 delitos como homicidios, privaciones de la libertad, violencia sexual, desapariciones y desplazamientos forzados perpetrados por efectivos bajo sus mandos.

El tribunal impuso ocho años de sanciones que incluyen trabajos restaurativos como labores de búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario y sustitución de cultivos.

Este hecho, aunque es histórico, también generó malestar en varios sectores políticos, especialmente porque se da a pocos meses de que el expresidente Álvaro Uribe fuera condenado a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno a testigos, condena que se encuentre en operación.

Es decir, la lentitud en el fallo junto con el aumento de la inseguridad en el país hace que para muchas personas sean ridículas y tardías esas penas.

El asunto es que estos fallos de la JEP y el aumento de la violencia se dan en tiempos de campaña electoral, lo que hace casi imposible una discusión serena de un tema vital para el futuro de Colombia.

La cuestión es que todos los procesos de paz políticos tienen un mayor o menor grado de impunidad, pues nadie alzado en armas pacta la paz para ir a la cárcel.

Eso sucede en los procesos de sometimiento que se hacen con la delincuencia común.

Y hay hechos con los que es difícil discutir, como el regreso a las armas de miles de guerrilleros que han regresado a la guerrilla del Estado Mayor Central de la mano de dos líderes de la cúpula de las FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez.

Las cifras sobre la cantidad de combatientes que tienen las guerrillas que derivaron de las antiguas FARC son cruzadas.

De acuerdo con Inside Crime, organización que estudia grupos de delincuencia organizada, en 2018 había unos 2.800 guerrilleros disidentes de las FARC.

Según Indepaz, en 2021 las disidencias de las FARC contaban con 5.200 combatientes en sus filas.

Y aunque todo esto es innegable, también es justo decir que el gran motor de la violencia del país es el narcotráfico y ha contado con un aliado inesperado, la incapacidad del Estado para controlar su territorio.

Busqué al exvicepresidente y exdirector de la Policía Nacional, el general Oscar Naranjo, para conocer su perspectiva y le pregunté,¿ Qué tanto tiene que ver la implementación del acuerdo de paz con las FARC con la violencia que vive actualmente el país?

La reforma rural integral, primer punto del acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC, se estimó en su momento como prioritario y sigue siendo una verdadera prioridad.

No transformar esas áreas que han padecido el conflicto que abandonaron las FARC en su momento y que le permitieron a Colombia experimentar la más baja intensidad de las violencias en décadas, sigue siendo una deuda pendiente.

No es el acuerdo el responsable de las violencias que vivimos hoy.

Los responsables somos todos y particularmente los líderes políticos e institucionales que en algún momento paralizaron la implementación del Acuerdo de Paz, que estimaba que esa reforma rural integral debería estar acompañada de una lógica de control territorial por parte de la fuerza pública, que debería estar acompañada por un programa robusto de sustitución de cultivos y que particularmente debería llevar al territorio tal como se pactó toda una institucionalización de judicialización de conductas que rompieran la cadena de valor de las economías ilegales.

Otro problema fue que el acuerdo consagrado como norma constitucional debería tener una implementación en los siguientes gobiernos, pero tanto el gobierno del presidente Duque como el del presidente Petro hicieron una implementación limitada.

Comencemos por el gobierno del expresidente Duque, que aunque en campaña, incluso durante su mandato, dijo que no quería hacer trizas el acuerdo de paz, sí dejó en claro que quería modificarlo y en su gobierno el nivel de incumplimiento de los compromisos fue bastante alto.

De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, a marzo de 2021, Colombia había alcanzado solo alrededor del 29% de la implementación prevista en el cronograma del acuerdo y había ejecutado aproximadamente el 15% del presupuesto planeado para su implementación.

lo que muestra una brecha grande entre lo acordado y lo realizado.

Y según señalaron varias veces la misión de verificación de la ONU en Colombia y los informes del Consejo de Seguridad, aunque hubo avances puntuales, persistieron vacíos importantes en la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos y la presencia estatal en territorios que quedaron vulnerables.

La ONU insistió en que faltó cubrir los dividendos de paz en muchas zonas rurales.

Doris Suárez es excombatiente y firmante del acuerdo.

Hoy lidera un emprendimiento de cervezas artesanales conocido como La Trocha.

La busqué para preguntarle, después de su experiencia de reincorporación,¿ el Estado colombiano le ha cumplido con lo pactado por su desarme?

Después de nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, no se ha cumplido ni siquiera con la mitad de lo pactado para construir una paz estable y duradera, especialmente cambios democráticos que contribuyan a la superación de la enorme y vergonzosa brecha de inequidad social que existe en nuestro país, especialmente en la ruralidad.

Y este incumplimiento es un factor que ha permitido la persistencia de otros conflictos armados.

El Acuerdo de Paz ha estado sujeto a vaivenes políticos, a la inseguridad, van más de 500 firmantes asesinados hasta la fecha.

Parte del dinero se lo robaron y en este gobierno hay un importante recorte presupuestal.

Sin embargo, debemos reconocer que ha habido algunos avances puntuales, especialmente en titulación de tierras, pero estamos aún muy lejos de alcanzar las 3 millones de hectáreas pactadas.

No podemos desanimarnos.

Es necesario acelerar la implementación del acuerdo, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto, garantizar la sostenibilidad de los proyectos colectivos de los firmantes, apostando a su sostenibilidad, pero especialmente, digo yo, comprender que el acuerdo de paz no solo es responsabilidad de las dos partes firmantes, sino que es indispensable la participación activa de la sociedad civil, por lo menos conociendo el acuerdo y el de los medios de comunicación contribuyendo en hacer pedagogías de paz y desescalar el lenguaje guerrerista y estigmatizante.

Más del 85% de los firmantes seguimos empecinados en no volver a la guerra y continuar aportando en la construcción de paz con justicia social.

Pero más allá de las cifras, quizás el acto más disciente fue la ausencia del presidente en la ceremonia de entrega del informe final de la Comisión de la Verdad.

Y aunque una de las promesas bandera en campaña del entonces candidato Gustavo Petro fue cumplir con lo pactado en el acuerdo con las Farc, motivo por el que una parte del centro político lo apoyó, en lo que va de su gobierno no ha sido mucho mejor que lo que hizo su antecesor.

Según el IX Informe Anual del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz sobre los avances y cumplimientos del Acuerdo de Paz, sólo el 34% de los compromisos se han cumplido totalmente.

De acuerdo con el documento, de las 578 disposiciones del Acuerdo de Paz, un 19% de los compromisos presentaba un avance intermedio, el 38% tenía un avance mínimo y un preocupante 9% no había iniciado su implementación.

En términos simples, casi la mitad de los compromisos del acuerdo de paz no tienen los recursos, las instituciones o las condiciones necesarias para cumplirse antes de 2031, cuando se vence el plazo de 15 años establecido en el Plan Marco.

Todo esto tiene dos aristas más.

La primera es el proyecto de paz total que comenzó el gobierno del presidente Petro en busca de llegar a un acuerdo de paz y sometimiento con todos los grupos armados ilegales del país y que no ha surtido el efecto que esperaba, esto en detrimento del acuerdo de paz con las FARC.

Como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta.

Como lo analiza un reportaje del Espectador, aunque hay tres entidades encargadas de la ejecución del acuerdo de paz, la Oficina del Consejero y Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y la Unidad para la Implementación, ninguna parece tener las riendas.

Por una parte, el Comisionado de Paz, Oti Patiño, tiene su atención en tres mesas de negociación con grupos armados ilegales y en los procesos de paz urbana.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, está centrado en la ambiciosa agenda legislativa del gobierno, especialmente en la recta final y con unas reformas pendientes en el Congreso.

En palabras de Carlos Ruiz Macié, jefe de la misión de verificación de ese organismo que hace el informe, abro comillas.

Estoy convencido de que si se hubiera implementado el acuerdo de manera más profunda en los últimos ocho años, no tendríamos hoy situaciones como las que se viven en Catatumbo y Cauca, cierro comillas.

Lo más paradójico de todo es que el mismo presidente Petro anunció que iba a denunciar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz, siendo él el jefe del Estado y máximo responsable por hacer cumplir lo que se pactó.

Con estos precedentes me queda la duda.¿ Cómo garantizar que el acuerdo de paz con las FARC se cumpla en un próximo gobierno?

Le trasladé la inquietud al expresidente Juan Manuel Santos.

Lo primero que se tiene que hacer es que este gobierno cumpla con el fallo de la Corte Constitucional de hace unos días, en donde le da 20 días para que restablezca la institucionalidad y nombre un gerente, una persona encargada de la implementación.

Esa persona tiene que comenzar a desatrasarse de todo lo que se ha dejado de hacer.

No solamente en este gobierno, sino en el gobierno anterior.

Es un trabajo monumental que, por supuesto, no va a terminar en este periodo presidencial.

Entonces, el próximo gobierno, próximo presidente, pues va a asumir esa responsabilidad que es una obligación constitucional.

Y tiene que darse cuenta que lo mejor que puede hacer es implementar el acuerdo de paz porque ahí están las soluciones a muchos de los problemas que tiene este país.

y eso puede recoger un consenso nacional porque después del plebiscito se negociaron con el no con los dirigentes del no 58 enmiendas al acuerdo que se introdujeron en el acuerdo y por consiguiente debe tener un apoyo de todo el espectro político del país y en ese orden de ideas el próximo presidente podría aprovechar esa circunstancia darse cuenta que la implementación del acuerdo es un programa de gobierno donde le iría muy bien con el apoyo de todo el país pero tiene que vender esa idea pero sobre todo tiene que tener una gran capacidad de coordinación son más de 50 entidades que están de una u otra forma comprometidas con la implementación del acuerdo tiene que coordinarlas tiene que liderarlas ese es el gran reto que tiene el próximo presidente

El acuerdo de paz que se firmó con las Farc en 2016 no es perfecto.

Víctimas y sectores políticos sintieron que la condena de la JEP al secretariado de esta guerrilla se queda corta y llega tarde.

La reacción es apenas entendible, pero las penas restaurativas son lo más normal en los acuerdos de paz.

Quizás si los gobiernos de turno se interesaran de verdad en cumplir lo pactado, si más políticos se apersonaran de verdad y defendieran lo logrado, hoy estaremos mejor.

De pronto, muchos de los males que vivimos hoy son precisamente por no implementar uno de los acuerdos de paz más importantes de Colombia.

Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 160 de Mis Preguntas.

Nos vemos en el próximo capítulo.

A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast.

Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia.

Dirección, Roberto Pombo.

Asesor editorial, Daniel Sanpero Espina.

Producción, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez.

Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez.

Postproducción de audio, Iván Ayala.