La última instancia democráticamente electa que le quedaba a Venezuela ha quedado sentenciada a muerte con las recientes elecciones parlamentarias. Estos comicios, definidos desde el palacio de Miraflores, marcan el final de una serie de ataques ininterrumpidos contra la mayor victoria política que haya registrado la oposición en dos décadas. Ha sido un agresivo asedio por todos los flancos que duró toda la legislatura: persecuciones y encarcelamientos de diputados, asaltos armados al pleno de sesiones, cortes presupuestarios, bloqueo a todas las facultades constitucionales y hasta el secuestro de las competencias parlamentarias para el nombramiento de la autoridad electoral. Se trata del mayor despliegue autoritario —con diferencia— contra un parlamento en funciones durante las últimas décadas en América Latina.

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