El rezago del blockchain en México es un problema político, no técnico, provocado por la falta de continuidad institucional y la resistencia a la transparencia. Para superarlo, se requiere voluntad política que trascienda sexenios, un marco legal que otorgue validez jurídica a los registros digitales y priorizar su uso en licitaciones y registros públicos para combatir la corrupción de manera efectiva.