Casi una década después del acuerdo de paz, la JEP condenó por primera vez a siete exjefes de las FARC por más de 21.000 secuestros en Colombia. Cumplirán sanciones restaurativas y no irán a prisión. El análisis de Paula Vargas, directora de Justicia Transicional del Instituto de las Transiciones Integrales.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró uno de los capítulos más dolorosos de las últimas cinco décadas en Colombia. El tribunal, creado en 2016 para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto, condenó a siete exintegrantes del Secretariado de las FARC por implementar una política de secuestros en todo el país.

Entre los sentenciados está su último comandante, conocido como Timochenko. Todos recibieron la máxima pena prevista en el acuerdo de paz: restricciones de movilidad y la obligación de realizar actividades restaurativas como la búsqueda de desaparecidos y la participación en procesos de desminado en los territorios donde operaron.

Es una sentencia rodeada de interrogantes, comenta Paula Vargas, directora del área de Justicia Transicional del Instituto de las Transiciones Integrales.

"La JEP contempló que los responsables pudieran adelantar, antes de la sentencia, trabajos considerados restaurativos por cuenta propia. Ahora bien, lo que sí es cierto es que no hay una respuesta clara sobre qué harán exactamente los comparecientes en términos restaurativos durante esos ocho años. Esa es precisamente una de las quejas tanto de los comparecientes de la fuerza pública como de las FARC", dice Vargas.

La sentencia prevé acciones como la búsqueda de desaparecidos, la memoria y la reparación simbólica. Para ello se han propuesto proyectos ambiciosos, asegura la experta, aunque persisten dudas sobre su implementación.

"Estas sentencias son un hito muy importante, pero es fundamental que no se queden en el papel. El riesgo es alto: los proyectos restaurativos son muy ambiciosos, pero no hay respuestas concretas sobre cómo se van a financiar. Tampoco se conoce en detalle cómo se implementará el monitoreo a los comparecientes", subraya.

La decisión de la JEP también generó críticas. La exdirigente política Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las FARC, dijo sentirse "humillada" y "burlada" por la decisión del tribunal, que calificó de "desconcertante". Esto plantea la pregunta de si la sentencia satisface a las miles de víctimas de los 21.000 secuestros atribuidos a la guerrilla.

Para Paula Vargas, la clave está en el contexto del acuerdo de paz: "Es una sentencia que emana de una justicia negociada. Antes del acuerdo, los niveles de impunidad eran inmensos. Las víctimas no tenían respuestas, no había verdad ni confesiones. Nadie se levantaba a decir: 'yo cometí este delito y lo cometí así'. Por eso, esta es la mejor justicia posible dentro de una justicia negociada", concluye.

La JEP, cuya vigencia se extiende hasta 2037, deberá emitir sentencias sobre otros crímenes, incluidos los imputados a miembros de la Fuerza Pública por los llamados "falsos positivos".

La ONU calificó la decisión como un "hito en los procesos de paz". Human Rights Watch, en cambio, criticó que aunque los excomandantes llevarán dispositivos electrónicos durante ocho años, la JEP "guardó silencio sobre el perímetro dentro del cual estarán restringidos de su libertad".

El secuestro fue una de las heridas más profundas del conflicto en Colombia. Según la JEP, la retención más prolongada a manos de las FARC duró 14 años. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 junto a su jefa de campaña, Clara Rojas, quien dio a luz a un hijo durante más de seis años de cautiverio.