España va a regularizar a medio millón de inmigrantes, que ya viven y trabajan aquí. Extranjeros que tendrán que demostrar que no tienen antecedentes penales y que, si no obtienen el permiso de residencia, no serán expulsados. El Gobierno lo plantea como una medida de urgencia social, pero genera polémica porque no hay consenso político ni sobre las consecuencias, positivas y negativas, que puede tener. Lo analizamos con Silvia Lorenzo, periodista de la sección de España de EL MUNDO que conoce todos los detalles de esta medida

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