Aunque el proyecto de Sheinbaum impone obligaciones razonables a los medios, una regulación mal hecha puede afectar la libertad de expresión. El gobierno debe garantizar que los derechos de las audiencias no se conviertan en un instrumento de intervención sobre los contenidos. En los últimos años, el gobierno ha dado paso a la opacidad, desmanteló el INAI, por ejemplo. Hasta ahora, ha querido entrampar la discusión en que los medios no quieren ser sujetos de discusión. La cuestión sigue siendo quién es el árbitro. El árbitro sí enciende las luces rojas. El tema de la credibilidad es clave: este gobierno no se la ha ganado.

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